Hay relojes que dan vuelta hacia atrás

Que los argentinos nos enredamos y perdemos en debates eternos y muchas veces estériles no es una novedad que haya descubierto luego de análisis detallados y completos.
Que disfrutemos de tropezarnos con la misma piedra varias veces, de averiguar si los ángeles vuelan hacia atrás o hacia adelante, de descubrir el sexo de las mariposas, entre otras actividades apasionantes, ha sido una constante entre los habitantes de este lado del mundo.
Ahora, que recojamos guantes abandonados hace ya varias décadas me impresiona y me irrita un poco.
Al grano: el año pasado la Legislatura de la Provincia de Salta decidió convalidar un proyecto de reforma de la Ley de Educación Provincial remitida por el Poder Ejecutivo (Expte. Nº: 91- 20.973/08) que, entre otros tópicos, introduce la enseñanza obligatoria de la religión.
Luego de rasgarme los ojos repetidas veces y de comprobar que el expediente reseñado databa del año pasado, me puse a pensar si era un error informativo. Bah, me puse a desear que lo fuera, realmente.
Enseñar religión en las escuelas públicas es un tema ya superado con creces no sólo en este país sino en casi todo el hemisferio occidental, encontrando la misma postura en la mayoría de los lugares que nos encontremos: la religión debe alejarse de las aulas oficiales.
El alumno no puede recibir enseñanza moral de ninguna índole ni ser impartido de verdades a las cuales todas las religiones son adeptas y adictas. Eso es ámbito privado y reservado a su entorno familiar.
No podemos pretender la conformación de sociedades democráticas y tolerantes si desde el vamos inculcamos posturas con sabor a verdades pétreas e inamovibles que no hacen otra cosa que atacar las diferencias.
El oficialismo salteño, en clara posición de defensa a ultranza de lo indefendible, señala que no hay que alarmarse: la religión católica no será la única abordada por los escolares. Mmm…insuficiente.
Todo individuo tiene derecho a elegir su religión y a rechazar a todas ellas, si así lo siente. Por lo que debemos defender la no religiosidad de las aulas públicas pues ello conlleva una igualdad entre todos los protagonistas de la escuela.
Más aún…cual delantal blanco obligatorio, la laicidad de la enseñanza pública nos iguala a todos, nos asemeja y nos cubre de un manto de homogeneidad que no debemos abandonar jamás.
La ley tratada, en clara oposición al art. 11 de la Constitución de Salta en cuanto que “nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa”, dispone que cada alumno debe manifestar si “cree o no”, debiendo los escolares que opten por la segunda opción retirarse del aula durante la clase. Inaudito!!
Realmente la norma supera todos los límites de la razonabilidad y la tolerancia, en claro perjuicio para aquel que no crea, que no comparta las creencias, que no sienta lo mismo. En fin, el diferente pierde siempre, siempre.
Todo acto que conlleve diferenciar a los alumnos, directa o indirectamente, deviene en un atentado a la democracia y a sus instituciones. Y sus consecuencias las padeceremos en el futuro.
Espero muy fervientemente que Sarmiento esté mirando para otro lado. Sino, le pido perdón en nombre de mis compatriotas salteños.

¿El conflicto del campo y sus repercusiones en Bolivia?

Que Bolivia se asemeja a dos países diferentes en el seno de su territorio no es ninguna novedad: un occidente empobrecido pero con el control político de la nación y un oriente con una generosa reserva natural de recursos naturales, pero con limitados accesos a su utilización.
Que Bolivia está conformada por dos grupos sociales bien diferenciados no es un dato desconocido: uno, originario, siempre postergado y con dificultades históricas de acceder a mejores condiciones de vida; el otro, de raíces europeas, siempre beneficiado con las mieles del progreso y con niveles de instrucción inherentes a una clase acomodada.
Que Bolivia sufre de problemas sociales irresueltos que tienen como fundamentos sistemas distributivos injustos y en ocasiones obscenos es una realidad que el país no puede esperar un minuto más en resolver.
Pero hoy por hoy nos encontramos ante protagonistas que poco hacen o colaboran en encontrar una solución, por la vía pacifica, a los graves enfrentamientos a los que nos tienen acostumbrados día a día.
Evo Morales refleja, sin lugar a dudas, la esperanza de un cambio radical en la manera de hacer política en la región: un hombre comprometido con sus orígenes, con fama de honesto, un trabajador incansable y un luchador de las causas olvidadas.
Sin embargo, con todo eso no alcanza en un mundo globalizado, cambiante y complejo como el de hoy. La experiencia del conflicto con el agro en nuestro país es un claro ejemplo de ello pues trajo a colación que ni aún los políticos con grandes apoyos populares pueden escapar a las fórmulas de consensos en la toma de decisiones de relevancia nacional.
El diálogo se impone a la hora establecer reglas de juego de relevancia, en ocasiones fundacionales, para el país, por lo que ningún actor involucrado en la misma debe ser dejado de oír. Es un principio inserto en el juego democrático en el que la región aún sigue aprendiendo, con tropezones, a jugar.
Por el otro lado encontramos a un sector de la población, a la cual no puede tildarse de ínfima minoría, que tiene y ha tenido la buena fortuna de acceder a mejores centros educativos, mejores trabajos remunerados, mejores centros de salud, mejores niveles de vida. Han vivido siempre en un país totalmente diferente; en otra Bolivia.
Sin embargo, sus posturas xenófobas, sus actitudes en contra de la ley, su falta de respeto a la autoridad presidencial, son inexcusables y deben ser castigadas con todo el rigor de la normativa vigente. La Democracia también indica que la mayoría gobierna y la minoría controla, por lo que las urnas marcan el rumbo de gobierno, guste a quien le guste.
Así las cosas, podemos observar que la Constitución oficialista, proyectada, debatida y aprobada de manera por lo menos irregular, trae en su cuerpo el huevo de la serpiente: dividir aún más a la castigada sociedad boliviana ya que contiene normativas autodiscriminadoras, entre otras, que no concuerdan con una sociedad cosmopolita y tolerante, como debería ser Bolivia.
El reclamo por las autonomías municipales, por su parte, es un debate que Bolivia se debe sin demoras: reformular los pilares del estado unitario boliviano debe ser llevado a cabo por la totalidad de los ciudadanos, sin excepción. Los diferentes componentes del país vecino indican que un estado federal, con mayores poderes y facultades para los gobiernos regionales, es la mejor opción en materia de diseño estatal.
La agenda política que se avecina no puede dejar de considerar el tratamiento de la distribución de los recursos petroleros, gasíferos, minerales, etc, rechazando las posturas extremistas de ambos bandos, las cuales se retroalimentan de odio y de justificaciones sin asidero legal ni económico.
Es dable destacar que ambas partes tienen derecho a peticionar y a presionar sobre los que creen es su cuota de verdad, mas yerran en el curso de acción adoptados. Ni el presidente Evo Morales puede seguir con su política de oídos sordos y amigos peligrosos (léase Venezuela, Irán y Cuba), ni los ciudadanos del oriente boliviano (la media luna) pueden llamar a plebiscitos ilegales ni enfrentarse abiertamente, aún con el uso de las armas, a la autoridad central.
Espero fervientemente que la “lección argentina” del conflicto del campo se propague cual virus positivo no sólo por nuestro país sino por toda la región, generando debates maduros y llegándose a consensos necesarios para el engrandecimiento de los países involucrados.
El diálogo es la única manera de llegar a buen puerto.
¿Una nueva forma de hacer política viene llegando?

El empleado del mes

El voto histórico del vicepresidente Julio Cobos en la sesión maratónica en el Senado por la Resolución 125 se convirtió, por diversas y razonables cuestiones, en el tema del año para todos los argentinos.
Por una parte significó la derrota más importante del kirchnerismo en el ámbito del Congreso de la Nación desde que asumió el poder total.
Por otro lado, los argentinos fuimos testigos de algo que en muy pocas ocasiones tenemos la fortuna de presenciar: las instituciones funcionando en plenitud, tal como las soñaron nuestros padres fundadores.
Por supuesto que no podemos caer en la tentación de manifestar y asegurar que de ahora en más el Congreso de la Nación recupere sus facultades que la Constitución Nacional establece y que hace a su naturaleza deliberativa.
Pero por lo menos nadie nos podrá sacar el privilegio de haber asistido a una lección de civilidad y coherencia prestada por nuestro vicepresidente quien, en oposición al gobierno del que forma y quiere seguir formando parte, emitió su voto respetando sus ideologías irrenunciables.
Claro que se me puede contestar que de haber respetado sus pensamientos políticos personales, el Sr. Julio Cobos ni siquiera hubiese formado parte de la fórmula presidencial en octubre del 2007. Pero ese es otro cantar, indudablemente.
Ahora, y luego de haberse derogado la resolución N° 125 por parte de nuestra presidenta, el gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de delinear las políticas agrícola-ganaderas que el país necesita sin esperar un solo día más.
Asimismo, el gobierno debe comprender de una vez por todas que el consenso es parte del acto de ejercer el poder, que el ceder no es perder y que encontrar el equilibrio entre los intereses enfrentados es definitivamente un logro a alcanzar.
Por último, la ciudadanía debería acompañar este momento institucional inédito, castigando electoralmente el accionar político de aquellos que acompañaron un proyecto estéril por el solo hecho de obedecer un mandato partidario, sin tener como norte su posición ideológica o sus convicciones económicas, etc.
Si ello no ocurre, la lección cívica que nos ha dado el empleado del mes de la República caerá en saco roto.
De nosotros depende.

De retenciones y otras yerbas (Parte I)

Para terminar con mi silencio, que se ha prolongado más de lo debido, he decidido publicar un artículo de mi autoría que presenté para un Congreso de Derecho Público, hace ya muchos años, y por el cual dejaba sentada mi opiniòn sobre el tema tributario. El mismo no ha perdido vigencia (ni creo que la pierda en este extraño país) y puede (debe) ser aplicado para el caso que nos ocupa.

Breve reseña al principio de legalidad en materia tributaria

"En mi opinión, no cabe duda alguna que para el ciudadano, a la hora de contribuir con el sostenimiento del sistema republicano via tributos, el principio de legalidad es la garantía constitucional por excelencia. Sin perjuicio de la importancia de los restantes principios rectores del derecho tributatrio, el de legalidad es el baluarte fundamental, la espada de Damocles que el contribuyente posee para defenderse de posibles ataques por parte del poder estatal.
Podemos resumir al principio en cuestión como aquel que autoriza al Congreso en forma exclusiva a imponer las contribuciones que crea convenientes. La ley se convierte así en la fuente de la obligación tributaria. Ampliando el concepto, no nos podemos circunscribir en el Congreso Nacional solamente pues las legislaturas provinciales están autorizadas, en el ámbito que les compete, a establecer también contribuciones dentro del radio provincial correspondiente. Más aún, los órganos deliberativos de las municipalidades, siempre y cuando se encuentren autorizados ya sea mediante una constitución provincial como por ley del mismo tenor, están facultados para imponer cargas a los habitantes del distrito municipal. En éste último caso encontramos una interesante como absurda teoría que pregona que las tasas, tan importantes en el presupuesto de un municipio, no forman parte de una institución fiscal sino administrativa, por lo que no es necesaria su creación por ley. La Corte Suprema adhirió en esta postura en el caso S.A. Ducilo c/O.S.N.", donde señaló que la tasa "no es una institución fiscal, sino una creación administrativa para resarcirse directamente de los gastos en determinado servicio prestado a los usuarios y como el impuesto generalmente tiene en cuenta el monto de la riqueza pose´da en una persona (capacidad contributiva), la tasa sólo está en relación con la utilización de los servicios públicos". Entonces concluye que por ser ello así "el impuesto requiere previamnete sanción legal, requisito donde la doctrina es totalmente pacífica al respecto. Por fortuna, la Corte revirtió su postura en la causa "Cía Swift de la Plata" donde reconoció la naturaleza tributaria de las tasas.
El principio de legalidad se encuentra plasmado en la Constitución Nacional pero la doctrina no ha sido pacífica en cuanto al artículo a considerar, llegándose a especificar al artículo 4 como el artículo 19 como sustento principal para una postura. En cambio podemos encontrar que para otra postura, y en la que la Corte Suprema tradicionalmente se ha enrolado, afirma que el basamento constitucional de la garantía de legalidad es ni más ni menos que el artículo 17. Ésa es también mi opinión.
EL ROL DEL PODER LEGISLATIO
Claro está que es el Poder Ejecutivo el encargado, por su faz operativa, de rexaudar los trivutos establecidos por el Congreso. Pero más claro es aún que recaudar no es imponer. El Poder Ejecutivo nunca podría establecer, por ninguna vía, ya sea decretos de necesidad y urgencia como decretos reglamentarios, cargas tributarias al contribuyente, aún en tiempos de emergencia económica pues ésta es una atribución exclusiva del Congreso. La doctrina de la emergencia reconoce el acrecentamiento del poder de unos órganos republicanos. Pero encontramos el límite impuesto por el principio de la división de poderes, que establece qwue el poder que acrece debe situarse siempre en la zona de competencias propias del órgano que lo acrecienta y no asumir faculatdes propias de otro poder. Sin embargo, hay doctrina que reconoce que en situaciones donde la subsstencia misma de la Nación esté en peligro, el Poder Ejecutivo puede asumir por decreto potestades competentes al Poder Legislativo. El argumento esgrimido estriba en la urgencia en disctar la norma y su incompatibilidad con un régimen de deliberación previa. No es dificil ver en esta luz verde al decreto una subjetividad en los presupuestos de hecho que conlleva un peigro al funcionamiento de las instituciones. Establecer qué es una emergencia económica, qué amenaza la subsistencia de la República es situarse en una línea divisoria dificil de delimitar donde el gobierno por decreto se encuentra a la vuelta de la esquina. Con sólo imaginarse, en un ejemplo actual, la ley de flexibilización laboral,la cual podría establecer una rebaja en los aportes patronales, sancionada por decreto de necesidad y urgencia y con base en la doctrina de la emergencia económica es realmente absurdo, más en la Argentina del siglo XXI.
Otro argumento ha sido que el previo y público debate por parte del Poder Legislativo tornaría ineficaz una medida a adoptar. Éste fue el caso del decreto 1096/85 que cambió nuestro signo monetario, el antiguo peso al austral, abarcando no sólo aspectos tributarios sino la vida social, institucional de la república como su relación con el sector externo, entre otras.
Sea la vía elegida para establecer un decreto de necesidad y urgencia con matices ya sea tributarios o de cualquier otra índole, la validez del mismo se ve condicionada a cumplir los requisitos de:
-Grave emergencia que haga peligrar la subsistencia de la Nación, las instituciones, etc. Elemento éste muy discutido por no esta indiscutiblemente señalado qué elemento haría peligrar no sólo el buen funcionamiento de las instituciones establecidas sino la existencia misma de ellas.
-Ineficacia de la medida en caso de observarse demoras en su concreción o por ser su previa y pública discusión un inconveniente del acto en sí.
-Ratificación expresa por parte del Congreso. Aquí encontramos el requisito fundamental a mi criterio pues el papel del Congreso en este caso sería el de garante necesario para poder así equilibrar la división de poderes que ha sido afectada por la adquisición de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Todo ello sin perjuicio, claro está, del permanente contralor del Pder Judicial, el cual no nos cabe olvidar que es el verdadero guardián de nuestra Constitución. Es menester tener en cuenta en este aspecto que la Corte Suprema sostuvo, en el año 1990, que esta ratificación por parte del Congreso es innecesaria y por ende el decreto en análisis subsistía hata tanto el Congreso no adopte alguna medida, dentro del ámbito propio de su competencia, en contrario. Lamentablemente podemos encontrar que junto a este desacertado razonamiento de nuestro más alto Tribunal existe un desmedido avance por parte del Poder Ejecutivo en desmedro de las facultades legislativas del Poder Legislativo, sin recurrir incluso a las ratificaciones por parte de éste último. Y con fundamentos esgrimidos por la Corte, difícil que esta situación se vea revertida y que este virtual cheque en blanco expedido por una institución a otra seguirá siendo cobrado en garantías constitucionales.
Pero ¿por qué el Congreso y no el Poder Ejecutivo? ¿Por qué dejó establecido nuestra Constitución que es el órgano legislativo el encargado de dicha tarea y no otro? Entre otras cuestiones, la principal explicación esgrimida por la doctrina radica en ser el poder legislativo un cuerpo colegiado donde la deliberación de los temas a tratar es característica inherente al mismo y donde la representación popular es directa.
El viejo aforismo "no taxation without representation" lo resume todo. Por supuesto que este postulado encierra "un pensamiento jurídico-político contractualista que exige el consentimiento del puebo, a través de sus represenatntes, para la validez de los tributos.
Las exacciones que se efectúan en el patrimonio de los particulares no son otra cosa que una limitación al derecho de propiedad de los mismos, por lo que se requiere que los tributos estén plasmados de las máximas garantías posibles, entre ellas la del consentimiento del contribuyente. ¿Cuál es el medio de lograrlo? Muy bien: por medio de sus representantes, los legisladores elegidos por el propio contribuyente en elecciones libres y bajo el procedimiento democrático.
Es menester recordar, al sólo hecho anecdotario, cuando el rey de Inglaterra se obligó ante sus hombres libres a que ningún tributo sería impuesto a los habitantes sin el previo consentimiento del Reino, siendo éste justamente el conjunto de aquellos hombres libres.
Ahora bien, esta garantía conlleva la imposición, dictada por el Congreso, respetuosa de las garantías constitucionales de igualdad, proporcionalidad y equidad es definitiva. O sea y en otras palabras, que los tributos pueden ser tildados de contrarios al bienestar general, inoportunos o contraproducentes a una buena política económica o a una eficiente redistribución del ingreso generado por el país, no es fundamento para una posible intervención judicial. Sobre estas bases, el poder del Congreso es absoluto y un tributo desacertado es nada más ni nada menos que una mala técnica legislativa y el contribuyente tiene como único remedio posible y previsto el arma más poderosa que haya inventado el ser humano: el voto.
CONTENIDO DE LA LEY TRIBUTARIA
La relación jurídica de contenido tributario creada por la ley tiene, por lo general, como finalidad una obligación de dar. Por lo tanto y por imperativo del principio de legalidad, la norma debe contener, a tenor de Garach, el hecho o los hechos definidos abstractamente como supuestos de la obligación.
Pero este presupuesto de hecho debe contener además:
- La determinación objetiva del sujeto o de los sujetos obligados a tributar.
- El momento de vinculación del presupuesto de hecho con el sujeto activo de imposición.
- La base imponible.
- La limitación espacial y temporal de los hechos definidos abstractamente.
- La alícuota aplicable.
Con respecto al último elemento mencionado ut supra, podemos encontrar normas en nuestro ordenamiento jurídico que delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer la alícuota correspondiente teniendo en cuenta diferentes parámetros generalmente macroeconómicos. En mi parecer, es evdente que estamos presentes ante una situación de inconstitucionalidad de dicha delegación pues al tener la facultad el órgano ejecutivo de establecer el quantum de la restricción a la propiedad del contribuyente, está simplemente decidiendo el lev motiv de la norma tributaria: la obligación de dar. El principio de legalidad establece que no sólo el tributo en sí mismo debe ser dado a luz por vía legislativa sino tambiénel monto a desembolsar por el ciudadano y no es válido sustentar lo contrario en base a una hipotética ventaja comparativa por parte del Poder Ejecutivo al ser sus acciones más expeditas que las del Poder Legislativo. Igual razonamiento cabría señalar de todo otro ente diferente del señalado por la Constitución Nacional, como por ejemplo la AFIP.
CONCLUSIONES
Como corolario de todo lo expuesto, es menester dejar en claro que el principio en desarrollo es vital no sólo para un buen funcionamielto republicano sino como para sentar las bases de un desarrollo económico, social e instituciomal del país.
Sólo así se llegará al principio de seguridad por el cual tanto pugnaba Adam Smith. Pero más significativo, que podremos vislumbrar al respetar nuestra máxima nullum tributum sine legem y sostenerla por todos los medios, será comprobar que seremos los principales responsables del sostenimiento del Estado de Derecho, de nuestro futuro y, por sobre todas las cosas, evitaremos así conductas dictatoriales, las cuales nos han llevado no sólo a perder el rumbo como sociedad sino a no tomar la conciencia suficiente para ver en el tributo como a la principal herramienta para construir esta inmensa obra de ingeniería que tenemos por delante: un país desarrollado y equitativo."

¿Iglesia católica en retirada?

Un fenómeno que se viene desarrollando en el mundo desde hace varias décadas atrás es el retroceso permanente de la Iglesia Católica en lo que hace a su poder relativo dentro de la sociedad civil como así también a la cantidad de feligreses en su seno.
Durante el papado de Juan Pablo II la Iglesia Católica perdió a casi 70 millones de fieles, no pudiendo contrarrestar tal sangría la popularidad del máximo prelado ni la incesante labor de miles de curas en las bases mismas de la jerarquía eclesiástica.
Y Jujuy no ha sido la excepción a todo ello: miles de individuos han reducido sus prácticas religiosas católicas llegando incluso a abandonar completamente la religión de sus padres y abuelos.
Por supuesto que el gran beneficiado de lo que acontece es ni más ni menos que el sector “protestante que, dentro del cristianismo, viene logrando resultados formidables en su afán de captar nuevos fieles, sumando mayores cuotas de poder e injerencia en todos los ámbitos sociales.
Las causas de semejante “traspaso” provienen del letargo de la Iglesia Católica en adecuarse a los tiempos que corren, con nuevas y diferentes exigencias con las cuales deben los individuos afrontar en su vida cotidiana.
Hoy en día el mundo globalizado y moderno posibilita un desarrollo pleno de las capacidades de cada individuo, mas asimismo le franquea obstáculos a los cuales no ha estado preparado, debiendo acudir a ayudas exteriores de cualquier tipo. Y la religión no es ajena a esto.
Por ello es que toda religión debe adaptarse a los tiempos que corren, reestructurando sus grandes dogmas como también su discurso dirigido a la sociedad para así poder cumplimentar con sus objetivos de máxima: brindar serenidad y contención a los individuos en su camino hacia la fe.
Lo que quiero destacar de este fenómeno es la distribución del poder político dentro de una sociedad civil: las iglesias evangélicas avanzan sin freno en el ámbito local a la par que la Iglesia Católica no sólo no suma adeptos sino que retrocede regularmente.
No nos extrañemos que en el futuro encontremos un rol mucho más preponderante de las iglesias protestantes en el tejido económico - político, atento el influyente papel que vienen desempeñando en la población.
Debemos reconocer que tanto la iglesia católica y las iglesias evangélicas son organizaciones no gubernamentales de suma importancia dentro del marco social nacional en general y local en particular. Lo que acontece es que mientras una muestra un paso arrollador, la otra tiene los ojos vendados.
El tiempo nos dirá el final de esta historia, aunque ya muchos podemos imaginarla.

Quise ser niño de nuevo

La pista espera. Los nervios se acumulan. El tiempo pasa. El avión aterriza. Los funcionarios se desesperan. Ella aparece. Todos se trasladan a Jujuy. El acto comienza. Los alumnos se amontonan. El Director pronuncia un discurso que raya la incoherencia y el mal gusto. El intercambio de flores es continuo. Y ella tiene “aguante”.
El paso de la Sra. Presidenta Cristina Fernandez por nuestra provincia se asemejó más a una visita de una mega estrella del rock internacional o a Papá Noel que a una mandataria que vino a lo que vino. ¿A qué vino? Veamos.
La presidenta tuvo como eje fundamental de su estadía la inauguración de una escuela en la ciudad capital. Aplaudimos este logro, pero no debemos olvidarnos que es un proyecto estatal (700 escuelas) de un gobierno anterior y no del actual, por lo que parte de los laureles le son ajenos.
Luego se movilizó al Barrio Alto Comedero a fin de inaugurar dos emprendimientos fabriles de una organización barrial-sindical-patotera. O sea…esfuerzos de privados y no de entes gubernamentales (aunque el dinero, claro, es estatal, nuestro, de todos).
Conclusión: ¿que trajo de regalos? ¿Cuál es el fundamento de la presencia del gobernador salteño? ¿Qué pudieron los dirigentes jujeños arrebatarles de su amplia billetera? Mmm.
Ningún anuncio de nuevas obras de infraestructura para el atrasado estado de cosas que muestra Jujuy en la materia. Ningún emprendimiento de envergadura para mejorar la calidad de vida de los jujeños. Nada de noticias que nos hicieran abrir los ojos e hicieran cortar la respiración. Nada de nada.
Felicito y festejo, repito, todo establecimiento educacional y/o fabril que se inaugure en nuestra provincia. Pero ellos comenzaban a funcionar con o sin la presidenta, con o sin su Sra. cuñada, con o sin su numerosa comitiva presidencial.
Es decir, me quedo con el sabor muy amargo de un discurso inaugural, por parte del director del colegio inaugurado, que incluía contendidos que nada hacen a su función y que más parece de una persona que NO vive en una provincia agropecuaria.
En definitiva, quise ser niño de nuevo y no me dejaron: Papá Noel definitivamente no existe.

El arte de comerse a uno mismo

Todo gobierno debe tener, a fin de ser identificado y diferenciado del resto del abanico partidario, un mito o valor fundamental por el cual se base el grueso de sus actividades durante el ejercicio del poder. Dicho mito está edificado sobre un cimiento ideológico de naturaleza inequívoca que impregna cada acto de gobierno fundamental.
Por ello es que el electorado, o parte del mismo, canaliza su sufragio en función del corazón del gobierno mismo, es decir de su estructura de pensamiento fundamental.
El gobierno de Néstor Kirchner, en mayor medida, y el de su esposa Cristina Fernández, han tenido mitos de gobierno muy fuertes y representativos en materia económica y social, por los que millones de personas se han sentido representados, manifestándose en tal sentido en las urnas.
Sin embargo, el actual gobierno nacional peca de un error imperdonable en materia comunicacional que viene dañando sistemáticamente su imagen ante la sociedad y desangrando su base electoral: ideologizar cada acto de gobierno.
La Sra. Presidente Fernandez ha venido desarrollando una política en materia de comunicación por la cual separa a amigos de enemigos, golpistas de demócratas, gorilas de pueblo peronista, etc.Siempre y cuando uno se pare en la vereda gubernamental o simplemente en la de enfrente es automáticamente rotulado por un epíteto que generalmente acude a ideologías o sentimientos pasionales que provocan disenso.
El campo, en palabras de la presidenta, es golpista; los cacerolazos de la Plaza de Mayo fueron orquestados por la oligarquía; la soja es un yuyo y los “planes trabajar” son la patria misma.
Se gobierna construyendo disenso y no consenso. Se gobierna con amigos y enemigos. Se gobierna con un garrote y no con diálogos. En suma, no se gobierna sino que se reina.Y pareciera que el gobierno nacional se procura sus propias batallas. Inútiles, por cierto, ya que son batallas innecesarias que podrían ser evitadas y canalizadas dentro de un marco amplio de intercambios de ideas y visiones.
Para comprender la magnitud del comportamiento de este gobierno debemos recalcar que, luego del primer discurso de la presidenta después de los cortes de ruta, el rechazo de la gente arañó el 85%. Luego de su segundo discurso, tratando de enmendar su error, el rechazo bajó al 70%.
Hoy por hoy la Sra. Fernandez de Kirchner es la Jefa de Estado con peor imagen de toda América Latina, luego del inefable Alan García del Perú. Y ello a sólo seis meses de arrasar en las urnas de todo el país.
¿Qué sucedió en el medio? ¿Pasó el huracán Katrina? ¿Godzilla decidió buscar comida en nuestro país? ¿La oposición se reformuló y renació cual ave fénix? Nada de eso: sólo que el gobierno nacional no ve, no escucha, no habla.